Pequeños y medianos empresarios de Baja California expresaron su inconformidad por el desempeño de Kurt Ignacio Honold Morales, secretario de Economía del estado. Los reclamos apuntan a la pérdida de empresas, empleos y competitividad, además de la falta de incentivos, inseguridad y presión fiscal que enfrentan pymes y microcomercios en la entidad.
El malestar empresarial en Baja California vuelve a colocarse en el centro del debate público. Diversos grupos de pequeños y microempresarios manifestaron su inconformidad por el desempeño de Kurt Ignacio Honold Morales, actual secretario de Economía del estado, al considerar que su gestión no ha respondido a las necesidades reales del sector productivo.
De acuerdo con información publicada por El Financiero, los empresarios reprocharon al funcionario la pérdida de empresas, empleos y competitividad, además de señalar que las pymes y microcomercios se sienten ahogados por la falta de incentivos y por problemas de seguridad en la entidad.
Reclamos por pérdida de empresas y empleos
Uno de los puntos centrales del reclamo empresarial es la percepción de retroceso económico. Los manifestantes aseguraron que en Baja California “nunca se habían perdido tantas empresas, empleos y competitividad en diversas áreas”, una frase que refleja el nivel de preocupación dentro del sector productivo.
Aunque la economía bajacaliforniana mantiene ventajas estratégicas por su ubicación fronteriza, su industria maquiladora, su relación con Estados Unidos y su capacidad exportadora, los pequeños empresarios advierten que esas fortalezas no siempre se traducen en mejores condiciones para negocios locales.
Para pymes, comercios y emprendedores, perder competitividad puede significar menos ventas, mayores costes, cierre de operaciones y menor capacidad para sostener empleo formal.
Inseguridad y cobro de piso, factores críticos
La inseguridad aparece como uno de los factores más sensibles en los reclamos. Según los empresarios citados por El Financiero, el cierre de miles de empresas en los últimos años estaría relacionado con el cobro de piso, una práctica criminal que golpea de forma directa a comercios, negocios familiares y microempresas.
Este problema no solo afecta la seguridad física de los empresarios. También incrementa costes, reduce inversión, genera miedo, limita horarios de operación y debilita la confianza para abrir nuevos negocios.
Cuando una pyme debe destinar recursos a protegerse o enfrentar amenazas, pierde capacidad para invertir en crecimiento, personal, tecnología o mejora de servicio.
Pymes y microcomercios piden mayor atención
El reclamo pone en evidencia una diferencia importante entre la política económica orientada a grandes inversiones y las necesidades del pequeño comercio.
Baja California suele destacarse por su atractivo para inversión extranjera, manufactura, nearshoring, exportación y comercio transfronterizo. Sin embargo, el desarrollo económico no puede medirse únicamente por grandes proyectos o anuncios de inversión.
Las pymes y microempresas también son parte esencial del tejido económico. Generan empleo local, sostienen barrios, dinamizan consumo y ofrecen oportunidades a familias emprendedoras.
Por eso, los empresarios inconformes piden una política económica más cercana a los negocios pequeños, con incentivos, seguridad, simplificación de trámites y apoyo real para preservar empleo.
Cuestionamientos a la gestión de Kurt Honold
Kurt Honold Morales es una figura conocida en Baja California. Ha ocupado cargos públicos y empresariales, incluyendo la presidencia municipal de Tijuana en 2007 y actualmente la Secretaría de Economía del gobierno estatal.
Los cuestionamientos actuales apuntan a su desempeño como responsable de la política económica del estado. Los empresarios consideran que la Secretaría de Economía no ha logrado responder con suficiente eficacia a los problemas de competitividad, cierres de negocios, inseguridad e incertidumbre que enfrentan los sectores más vulnerables del ecosistema empresarial.
Además, los inconformes pidieron que se aclaren señalamientos relacionados con presuntos beneficios a grandes empresarios, entre ellos José Galicot, y al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, Carlos Torres. Estos señalamientos fueron reportados por El Financiero, aunque requieren ser tratados como acusaciones pendientes de aclaración.
Críticas también alcanzan al gobierno estatal
Los reclamos no se dirigen únicamente a Kurt Honold. También alcanzan a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien los empresarios cuestionan por destacar avances de su administración mientras el sector de pymes y microcomercio afirma vivir una situación crítica.
Según la nota original, la gobernadora afirmó en su cuarto informe de Gobierno que se había cumplido el 90% de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, pero los empresarios inconformes contrastaron ese discurso con la realidad que dicen enfrentar: falta de incentivos, inseguridad, cierres y pérdida de empleo.
Esta diferencia entre cifras oficiales y percepción empresarial es uno de los principales desafíos de cualquier gobierno: lograr que los indicadores macroeconómicos se reflejen en la vida diaria de los negocios.
Impuesto sobre Nómina y presión fiscal
Otro antecedente importante del malestar empresarial fue el llamado realizado el 15 de diciembre de 2025 por parte del sector empresarial de Tijuana al Ejecutivo y al Legislativo para reducir la tasa del Impuesto sobre Nómina.
La solicitud buscaba preservar el empleo formal en Baja California, en un contexto marcado por incertidumbre laboral, reforma judicial, cambios en política pública y tensiones por aranceles.
Para las empresas pequeñas, los impuestos laborales pueden representar una carga importante. Cuando los márgenes son bajos y los costes suben, cualquier incremento fiscal puede llevar a reducir contrataciones, operar en informalidad o cerrar.
Competitividad en una economía fronteriza
Baja California tiene una posición privilegiada por su frontera con Estados Unidos, su conexión con California, sus parques industriales, su vocación exportadora y su experiencia en manufactura avanzada.
Sin embargo, esa ventaja geográfica no garantiza competitividad automática. Para que las empresas crezcan, necesitan seguridad, infraestructura, talento, costos razonables, trámites ágiles, energía confiable y certidumbre regulatoria.
Cuando alguno de estos factores falla, la competitividad se deteriora. Y quienes primero lo sienten suelen ser las pymes, porque tienen menos capacidad financiera para resistir crisis prolongadas.
El reto de equilibrar grandes inversiones y negocios locales
Uno de los dilemas de la política económica estatal es equilibrar la atracción de grandes inversiones con el fortalecimiento del comercio local.
Las grandes empresas pueden generar empleos y atraer cadenas de suministro, pero los pequeños negocios sostienen buena parte de la economía cotidiana. Si las políticas públicas se concentran solo en grandes corporativos, se corre el riesgo de dejar atrás a miles de emprendedores.
Un modelo económico sano necesita ambas cosas: inversión de alto impacto y apoyo permanente a negocios pequeños.
Qué piden los empresarios
Aunque los reclamos son diversos, el fondo del mensaje empresarial puede resumirse en varias demandas: mayor seguridad, incentivos reales, reducción de cargas fiscales, apoyo a pymes, transparencia en la gestión económica y políticas que permitan sostener empleo formal.
También piden que se escuche más al sector productivo y que las decisiones públicas se construyan con diálogo.
Para muchos negocios, el problema no es solo la falta de crecimiento, sino la sensación de abandono frente a condiciones cada vez más difíciles.
Por qué importa este conflicto
La inconformidad empresarial en Baja California no debe leerse como un episodio aislado. Refleja tensiones más amplias que enfrentan muchas economías regionales en México: inseguridad, presión fiscal, competencia internacional, incertidumbre regulatoria y dificultades para sostener empleo formal.
Si los gobiernos no atienden estos reclamos, el riesgo es que aumenten los cierres, la informalidad y la desconfianza entre sector privado y autoridades.
La relación entre gobierno y empresarios es clave para cualquier estrategia de desarrollo económico. Sin confianza, la inversión se frena y el crecimiento se debilita.
